España planea prohibir tirar toallitas húmedas al inodoro y soltar globos desechables de forma deliberada. El decreto, publicado esta semana, obligará además a los fabricantes de toallitas a pagar la limpieza de los atascos que sus productos provocan en las alcantarillas y estaciones depuradoras del país.
Esta medida busca asegurar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, especialmente aquellos relacionados con el consumo responsable y la conservación de los ecosistemas marinos.
Las toallitas y los globos figuran entre los diez residuos plásticos de un solo uso más comunes en las playas europeas en concreto, el quinto y noveno respectivamente, según una directiva de la Unión Europea citada por el Gobierno español. Además, se subraya el carácter transfronterizo de estos residuos y su impacto global creciente.
El coste económico también es elevado: la limpieza de toallitas en el sistema de saneamiento español cuesta cerca de 230 millones de euros al año, según la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS).
Además, el impacto ecológico es severo. Incluso las toallitas etiquetadas como biodegradables pueden permanecer en el entorno durante años. Sus fibras y microfibras contaminan ríos y mares, y pueden ser ingeridas por animales marinos, causándoles la muerte. Estas fibras también actúan como esponjas tóxicas, al absorber productos químicos de las aguas residuales.
Así funcionará la prohibición española
El Gobierno español quiere que sean los productores de estas toallitas y los globos quienes asuman los costes derivados de la contaminación causada por sus productos. La futura norma establece que las empresas deberán pagar la limpieza de infraestructuras de saneamiento y depuración, así como el transporte y tratamiento de los residuos. También tendrán que financiar campañas de concienciación ciudadana, ya que la educación ambiental será clave en esta transición.
Aunque las toallitas realmente biodegradables quedarán exentas de esta prohibición, el Ministerio para la Transición Ecológica desaconseja tirar cualquier tipo de toallita por el inodoro. Por ahora, queda por definir cómo se aplicará esta parte de la legislación a los consumidores particulares.
