En noviembre del 2022, la Consejería de Salud de la Región de Murcia publica la licitación para construir el nuevo centro de salud de Lopagán (San Pedro del Pinatar). Se trata de una decisión muy celebrada por los vecinos del municipio debido a que el edificio original tiene casi setenta años y la obra pretendía incluir un edificio nuevo y un parking en la ubicación del edificio anterior.
Con un presupuesto superior a los 3.2 millones de euros, los Fondos FEDER procedentes de Europa iban a costear parte de esta gran obra. Según los planes originales, en noviembre del año pasado, Lopagán ya debería tener su nuevo centro de salud operativo, pero la realidad es que cualquiera que pase por delante del edificio original se dará cuenta de que esto dista mucho de la realidad incluso ahora, nueve meses después. Ni siquiera la primera fase de la obra, que consistía en levantar el nuevo espacio para hacerlo operativo y no dejar a los vecinos sin centro de salud después de demoler en antiguo, se ha finalizado a día de hoy. Pero lo peor es que, vista la situación, es complicado pensar que el nuevo centro de salud vaya a existir en los próximos meses o incluso años.
La respuesta al porqué de esta situación pasa porque, tras la adjudicación de la obra en mayo de 2023, los plazos empezaron a no cumplirse. La empresa constructora solicita varias ampliaciones de los plazos alegando diversos motivos, entre los que se destacan las lluvias, problemas estructurales e, incluso, un concierto celebrado en la zona. La Administración cede parcialmente y retrasa un mes la fecha límite para que existiese el nuevo centro de salud de Lopagán y el antiguo fuera demolido: la nueva fecha era diciembre del 2024.
Esta fecha límite llega y el centro de salud no, por lo que la Consejería de Salud concede dos nuevas ampliaciones: primero febrero de 2025 y, después, junio de 2025. Ninguna de estas fechas se cumple y los retrasos siguen acumulándose, alejando a los vecinos de la ínfima esperanza de llegar a este verano con el centro de salud nuevo operativo. Cabe destacar que uno de los objetivos de que este nuevo centro de salud existiera pasa por disponer de instalaciones mejor climatizadas y más modernas, adaptadas a las necesidades de los vecinos y confortables durante los meses de verano.
LA ADMINISTRACIÓN DIJO ‘BASTA’
En este contexto comienzan a llegar las penalidades económicas por demora a la empresa constructora, que superan el cuarto de millón de euros. Esto sucede porque el equipo técnico que controla la obra sentencia que existe una deficiente gestión de las obras, es decir, que se estaba organizando mal la construcción, y que había que replantear continuamente trabajos mal hechos. Entre los defectos más destacados están la climatización pendiente, problemas de corrosión o de estanqueidad, defectos en los accesos, en los revestimientos o en la carpintería en el nuevo edificio.
Estas penalidades no tuvieron el efecto coercitivo previsto, puesto que las obras seguían retrasándose y las penalidades acumulándose. Estas últimas alcanzan el porcentaje suficiente para que la Administración pudiera, legalmente, dejar de esperar. Así, según el contrato firmado por la Administración y la empresa constructora, la situación permitía resolver el contrato, es decir, terminarlo antes de tiempo y que la constructora cesases en sus actividades sobre el mismo. El Consejo Jurídico de la Región de Murcia avaló dicha decisión en su dictamen. A pesar de que la empresa alegó que no era culpa suya, sino del proyecto que tenía errores y estaba incompleto, lo que llevaba a retrasos para solventar dichos fallos y resolver dichas faltas de información, el Consejo Jurídico concluyó que esas afirmaciones no habían quedado acreditadas, al no aportar la contratista un informe pericial que demostrara que esas deficiencias fueran la causa real de la demora.
Además, el Consejo Jurídico permitió a la Consejería de Salud incautar la garantía, es decir, el dinero que la empresa había depositado como fianza por si se incumplía el contrato. A este dinero podría sumarse todavía más si la Administración demuestra que los daños y perjuicios causados por la mala gestión de la empresa constructora superan el dinero incautado en la garantía. Además de que se le permite, hoy sabemos que la Consejería ya ha formalizado finalmente la resolución del contrato.
¿Y AHORA QUÉ?
Toda esta situación deja fuera a los Fondos FEDER de financiación europea, por no poder finalizar la obra dentro del plazo exigido por la UE. También abre dos situaciones diferentes a las que se tendrá que enfrentar la Administración pública.
Por un lado, la batalla legal con la empresa no ha terminado ya que esta puede recurrir, para que el Tribunal Superior de Justicia revise la resolución adoptada por la Consejería de Salud, teniendo en cuenta el dictamen emitido por el Consejo Jurídico. La empresa puede, en este punto, presentar un informe pericial suficientemente sólido que dé la vuelta a la situación y haga que el juez valore las pruebas de otra manera, concluyendo que los retrasos se escapaban de la responsabilidad de dicha empresa. Lo que también puede y ya ha hecho es emprender acciones judiciales contra la Administración por un supuesto pago pendiente por trabajos ejecutados de casi 700.000 euros.
Por otro lado, la Consejería de Salud tiene que resolver la pregunta que realmente preocupa a los vecinos: ¿y el centro de salud, para cuándo? Lo más obvio es pensar que la Administración sacará una nueva licitación para conseguir que otra empresa, por fin, levante el nuevo centro de salud y derribe el antiguo. Esto, además de que seguramente lleve tiempo porque la Administración quiera asegurarse de que esta vez las cosas acaben como quieren, resulta de por sí complicado porque heredar una obra no es comenzar una nueva. Independientemente quién fuera el culpable, la realidad es que la parte ya construida del nuevo centro de salud acumula decenas de errores que deberán revisarse y solventarse. Es difícil pensar qué empresa querría recoger este testigo pero lo que sí es fácil es pensar altos costes que tendrá, sabiendo además que ahora dicha financiación no incluye el impulso de Europa.
Incluso aunque la Administración consiga demostrar que todos estos gastos extra son responsabilidad de la primera empresa constructora, todos los cálculos, expedientes, revisiones, apelaciones, reclamaciones y demás burocracia puede alargar la situación meses o años. Solo cabe determinar si la Consejería de Salud esperará hasta entonces para retomar las obras o adelantará el gasto, a expensas de saber si la Justicia se pondrá de su parte o finalmente el dinero saldrá de su bolsillo. La propia Consejería ha asegurado que ya está en marcha el mecanismo para esta nueva licitación, si bien los plazos todavía se desconocen.
